Denunciamos la desprotección a una enfermera que sufrió una agresión

La profesional interpuso una denuncia cuando ocurrieron los hechos, pero el juicio no se celebrará hasta dos años y medio después, evidenciando la lentitud del sistema y reforzando la sensación de indefensión que denuncian muchos profesionales sanitarios.

Tras más de siete meses de baja laboral por la gravedad de la lesión, la enfermera se volvió a incorporar a su puesto de trabajo, pero las secuelas físicas y psicológicas siguen patentes en su día a día, necesitando rehabilitación y seguimiento por parte del servicio de traumatología. Además, la profesional ha tenido que continuar ejerciendo su profesión en un entorno de presión asistencial mientras arrastra las consecuencias de este suceso, enfrentándose además a un proceso judicial largo y desgastante.

Para SATSE, desgraciadamente, este caso representa una doble vulnerabilidad: la de quien ha sufrido una agresión en su puesto de trabajo y que, tras denunciarlo, se enfrenta a un proceso lento que no siempre garantiza una respuesta ágil ni reparadora.

CS Tacoronte

La organización sindical recuerda que, en los últimos años se han producido varias agresiones al personal del centro de salud de Tacoronte y ha vuelto a reclamar soluciones reales para garantizar la seguridad de los profesionales 

Además, el Sindicato lleva mucho tiempo pidiendo al Servicio Canario de Salud que se refuerce la plantilla de este centro, ya que está sometido a una alta presión asistencial por falta de personal. De hecho, SATSE ya denunció que, en el servicio de urgencias del centro de salud de Tacoronte, solo hay una enfermera y un médico que se ven desbordados por las diferentes situaciones que se pueden presentar durante las guardias: paradas cardiorrespiratorias, atención para el traslado al hospital con la ambulancia dejando el centro sin enfermera...

Las urgencias de Tacoronte funcionan como Punto de Atención Continuada (PAC), un servicio que está diseñado para atender urgencias leves o moderadas fuera del horario habitual del centro de salud, pero que, en la práctica, funciona como un servicio normal de urgencias al que acuden los pacientes ante cualquier situación de emergencia.

Así, este centro solo cuenta con una enfermera y un médico de refuerzo durante los fines de semana y el personal de seguridad solo se encuentra en el centro hasta las 20 h. de lunes a viernes y los fines de semana. Así, que es el propio personal sanitario el que abre la puerta y atiende a los pacientes, sin que haya ninguna protección ante cualquier tipo de episodio violento que se pudiera producir.

Las cifras

Los datos reflejan una situación preocupante: la violencia contra quienes cuidan de la salud pública no solo aumenta, sino que corre el riesgo de normalizarse. Esta realidad genera miedo, estrés y desmotivación entre los profesionales, y plantea un serio problema estructural para el sistema sanitario.

Las cifras que maneja el Sindicato de Enfermería, facilitados por el propio SCS, sobre las agresiones al personal sanitario en Canarias han experimentado un incremento sostenido y alarmante en los últimos años. En el conjunto del sistema sanitario público se registraron 664 agresiones en 2025 frente a 544 en 2024, consolidando una tendencia ascendente continuada.

Solo en 2025, se contabilizaron 68 agresiones físicas, 524 verbales y 72 mixtas, lo que confirma que la violencia física (como la sufrida por esta enfermera) sigue siendo una realidad frecuente en los hospitales y centros de salud.

Además, SATSE advierte de que estas cifras representan únicamente la parte visible del problema, ya que muchas agresiones no se denuncian. La complejidad de los procedimientos, la falta de confianza en el sistema y el desgaste emocional hacen que numerosos profesionales opten por no iniciar acciones legales.

Plan de Prevención

El denominado Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Canario de Salud establece medidas de protección, protocolos de actuación y apoyo jurídico. Sin embargo, el incremento constante de casos y la experiencia de esta profesional ponen en duda su eficacia real.

Los datos reflejan una situación preocupante: la violencia contra quienes cuidan de la salud de la ciudadanía no solo aumenta, sino que corre el riesgo de normalizarse. Esta realidad genera miedo, estrés y desmotivación entre los profesionales, y plantea un serio problema estructural para el sistema sanitario.